El informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México” analiza los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, los casos que han sido investigados y sancionados en el sistema de justicia civil y los que permanecen sin castigo.
Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia. El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas.
La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves.
La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes;
la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial;
y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente.
Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.
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